COLOMBIA SOBRE DOS RUEDAS

Muchas investigaciones de medios nacionales establecen que En Colombia la muerte viaja en moto y lo más preocupante es que lo viene haciendo desde hace una década ante la mirada indiferente de las autoridades. Las cifras hablan por sí solas: 28.000 motociclistas murieron entre 2000 y 2014 en accidentes de tránsito, y, según los últimos reportes, en ocho de cada diez, de los que ocurren en las diferentes vías del país hay involucrado uno de esos vehículos.

El crecimiento DESMESURADO de las motos, unido a los pocos requisitos y controles a la hora de montarse en una de ellas, las están convirtiendo en uno de los mayores problemas de seguridad vial y del sistema de salud. Solo en 2015 murieron 3.270 motociclistas y hubo 25.226 lesionados, una cifra muy alta, si se tiene en cuenta que en 2001 ese número solo ascendió a 1.356. Según Medicina Legal, los siniestros viales son la segunda causa de muerte violenta en Colombia.

Un estudio de 2013, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluyó que los traumas derivados por los accidentes de tránsito le cuestan al país, en vidas, tratamientos y lesiones, cerca de 11.300 millones de dólares al año; es decir, un poco más de todo el presupuesto para educación.

El problema es tan visible que el propio, ministerio de Transporte ha reconocido la gravedad del asunto. Lo irónico es que como plan de contingencia para 2017 propuso un poco más de lo mismo que no ha funcionado: “Una campaña multiplataforma de educación vial para reducir en un 3 por ciento la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito”.

Por eso, llama la atención que un fenómeno tan delicado cogiera tanta ventaja, pese a que desde 2005 viene dando nítidas señales de alarma en las estadísticas de las autoridades. Sin embargo, alrededor de él existe toda una paradoja: mientras los dineros públicos de la salud se consumen en atender las consecuencias de los siniestros viales, en especial de las motos, esa industria y la de las autopartes festejan las excelentes cifras de sus ventas en un mercado que viene creciendo a más del 1.000 por ciento en los últimos diez años.

Mientras en 2000 se producían e importaban 57.000 motos, en 2015 la cifra se elevó a 678.000 unidades. Por algo, Colombia es el segundo productor de estos aparatos en toda la región, después de Brasil.

En Colombia la moto dejó de ser un artículo suntuario o de hobby. Así lo explicó el Dane al informar en 2013 que uno de cada cuatro hogares tenía una moto. Y así lo confirma el Runt, al revelar que a julio de 2016 las motos suman 7.223.288 unidades, es decir, el 53 por ciento de todo el parque automotor del país.

En otro estudio reciente, titulado ‘Patrón de Mortalidad en Motocicletas en Colombia’, el Instituto Javeriano de Salud Pública concluyó que la popularidad de esos aparatos se debe a la exoneración de impuestos, a que no pagan peaje y a la facilidad que ofrecen para acceder a ellas y para desplazarse. “Los costos derivados al pago de una moto pueden ser similares o inferiores a los derivados de moverse en transporte público”, dice el informe, que presenta además una conclusión sorprendente: la mayoría de los motociclistas no son conscientes de los riesgos que entraña ese peligroso medio de transporte. Y para solucionar el problema de salud pública en el que se convirtieron, proponen, entre otras, una salida impopular: controlar las ventas de motos.

La verdad es que un estudio de caracterización de los motociclistas colombianos, elaborado en Bogotá por la Corporación Fondo de Promoción Vial-Fundación Ciudad Futuro, registró  datos insólitos, como que el 60 por ciento de ellos aprenden a manejar siendo adolescentes y que solo el 16 por ciento conoció las normas de tránsito en una escuela de conducción. Los demás se formaron en lo poco que saben de las normas en el colegio o por iniciativa propia.

En el país existe la percepción popular de que las licencias de conducción se ganan en rifas o con ‘palancas’ políticas. En efecto, la norma es laxa (a los 16 años se puede comprar el pase), las irregularidades florecen por montones y los controles no alcanzan para cubrir las zonas grises de la legislación actual. Y lo más complejo es que no existe un criterio unificado para exigir un casco reglamentario que brinde seguridad a los motociclistas.

La Ciudad de Pasto no se escapa al fenómeno, por le contrario al igual que ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga o Medellín el crecimiento es desmesurado y sin control; al ser una medida antipopular en un país con consecutivas campañas políticas ningún Gobernante o aspirante propondrá serios ajustes a este sistema de transporte; entre otras, se conocen cuales pueden ser la medidas, pero nadie las propone oficialmente: Entro otras:

• Restricción a través de pico y placa mas ampliado
• Incremento en Multas por concepto de infracciones
• Mayores requisitos para obtención de la licencia de de conducción
• Carriles exclusivo, denominado moto vía
• Pago de peaje.