Denuncia penal

Escrito por / Mayo 3, 2017

Hace  poco menos de una semana los nariñenses fueron enterados de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos irregulares en la celebración de un contrato para la comercialización de 80 mil cajas de  aguardiente Nariño que se destila en la industria licorera de Caldas.

Hasta ahora nada se conoce acerca del avance de esa investigación y como lo dicen los abogados, todo hace parte de la reserva del sumario.

Ahora se sabe de una nueva denuncia de carácter penal que compromete al gobierno departamental de Nariño, esta vez por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto injusto y arbitrario, también por violación al sitio del trabajo y falsedad por supresión de documentos públicos.

Los hechos de esta segunda denuncia están relacionados con una actuación irregular llevada a cabo  el viernes de la semana inmediatamente por la subsecretaria de Rentas de la Secretaría de Hacienda  a cargo de Adriana Amaya, a las oficinas de la empresa encargada desde hace quince años de recaudar los impuestos de vehículos, registro, industria y comercio.

De la forma como se procedió existen videos y grabaciones que son aportadas a la denuncia y en las que se puede observar claramente como cerca de treinta hombres llegan a la sede de la empresa operadora del recaudo de los tributos departamentales, abriendo gavetas, desocupando escritorios, maltratando a los funcionarios que a la hora de la operación se encontraban en sus puestos y de la forma como se llevaron documentos de capital importancia para la firma operadora como también para el mismo departamento.

Horas después se habló de la recuperación por parte de la Gobernación del recaudo del impuesto de vehículos lo cual no corresponde a la verdad.

Lo que se sabe es que existía un contrato para adelantar esta labor  y por la cual todos los contribuyentes pagaban. AL impuesto normal  al contribuyente se le cobraba un adicional del 15 por ciento por sistematización y el cual se incrementaba cada de acuerdo al índice de precios al consumidor, más conocido como el ipc.

En consecuencia, el departamento nunca dejó de recibir el impuesto de los vehículos, el de registro y comercio.

El recaudo por esos tres conceptos, se incrementaban en la medida que el parque automotor crece y por la radicación de automotores llegados de otros lugares del interior del país.

Los operadores sabían que como el contrato no había sido renovado por la actual administración, se optó por diseñar un programa de entrega con la participación de las dos partes. Pero tamaña sorpresa se llevaron los operadores cuando hicieron presencia y de manera alevosa un grupo de funcionarios de la subsecretaria de rentas y entraron a la fuerza generando las acciones que ahora sirven de prueba y base para la nueva denuncia penal por este tipo de procederes irregulares.

Anualmente según los registros del operador agredido se recaudaban 14 mil millones de pesos en pago de impuestos, 11 mil millones por registro de escrituras para un total de 25 mil millones de pesos que se consignaban en las oficinas del Banco Colpatria con quien también existía un contrato que ahora pasa a ser del Banco de Occidente, entidad que a cambio por la apertura de esta cuenta y el manejo de esos  dineros, asume los gastos de un nuevo sistema para operar el recaudo de los tributos.

En últimas, los únicos perjudicados por lo que se puede concluir por ahora son los contribuyentes, si se tiene en cuenta que los dineros recaudados por el operador privado no están todavía descargados en el sistema  y si los documentos fueron sacados de manera ilegal por los agentes del resguardo de rentas, es muy posible que esta conflictiva situación generan muchos más problemas.

El mes de abril, según las estadísticas, es el de mayor recaudo porque es cuando se paga con los descuentos.

Las investigaciones hechas por la redacción judicial de Romántica Estéreo  también apuntan a que esta situación podría ser  uno de los coletazos por los resultados de las elecciones del pasado 23 de abril en el puerto de Tumaco donde el voto popular favoreció al candidato Julio Cesar Rivera, ya posesionado y quien fue avalado por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Aico.

Hasta ahora, lo único que ha dicho la gobernación está consignado en un lacónico comunicado que se limita a decir: “después de 12 años recuperamos operación directa de recaudo de impuestos y registro”.

La firma operadora hasta ahora tampoco ha dicho absolutamente nada pretextando la espera de los resultados de sus denuncias ante la justicia penal ordinaria por los presuntos delitos de abuso de  autoridad por acto arbitrario e injusto, violación al sitio de trabajo y falsedad y supresión de documentos-

Y en medio de las dificultades a las que se enfrenta la administración departamental no hay que echar en saco roto lo que está pasando en el sector de la salud

Por los lados del hospital universitario departamental se asegura que cuando el rio suena…piedras lleva.


Comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados con *


Continuar leyendo

Post Siguiente

Denuncia penal


Miniatura

Romantica Stereo 88.1 FM

Somos tu nuevo Amor

Canción actual
TITULO
ARTISTA